IMPUNIDAD DE LA TORTURA EN ESPAÑA
Se reproducen a continuación cinco de los doce artículos de la “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3452 (XXX), del 9 de diciembre de 1975:
Artículo 1
1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante.
Artículo 2
Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Artículo 3
Ningún Estado permitirá o tolerará tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 4
Todo Estado tomará, de conformidad con las disposiciones de la presente Declaración, medidas efectivas para impedir que se practiquen dentro de su jurisdicción torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 7
Todo Estado asegurará que todos los actos de tortura definidos en el artículo 1 constituyen delitos conforme a la legislación penal. Lo mismo se aplicará a los actos que constituyen participación, complicidad, incitación o tentativa de cometer tortura.
Extractos seleccionados de un artículo publicado en el diario Publico.es el 24/4/2017:
José Manuel Sánchez Fornet, histórico líder del Sindicato Unificado de Policía, del que ya no forma parte. "Esto es lo habitual en la Policía desde al menos 1980, que es cuando yo entré. Los ascensos a agentes que han vulnerado los derechos civiles de los ciudadanos forman parte de la cotidianidad. El problema es que prácticamente nadie les ha prestado atención hasta ahora"
"La democracia y la dictadura han sido lo mismo en este sentido. Ser un torturador y estar condenado no afecta a la carrera de un policía”.
El coordinador de la Agrupación Reformista de Policías, Luis Miguel L. Moreno reivindica un cambio total en el modelo policial en el que la protección de los derechos de los ciudadanos se muestre en el centro de su actividad.
Los datos, desde luego, son preocupantes. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, plataforma integrada por 46 organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos, ha contabilizado hasta 7.500 casos de personas que han denunciado ser objeto de torturas, trato inhumano o degradante por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Amnistía Internacional también ha denunciado reiteradamente que la práctica de la tortura policial no es "sistemática", pero que tampoco se trata de casos aislados. Así, el informe Sal en la herida, de Amnistía Internacional, denunció un buen número de casos en los que ciudadanos habían sufrido abusos policiales, malos tratos y/o torturas sin ningún tipo de consecuencia para las carreras profesionales de sus abusadores.
Un ejemplo de estos casos es el que sufrió el ciudadano Driss Zraidi, que estuvo detenido y fue torturado en la comisaría de los Mossos de Roses. Los agentes le fracturaron varias costillas durante el interrogatorio. Tras presentar una denuncia, diez de los agentes fueron encausados y acusados de tortura y lesiones, y otros cuatro por torturas por omisión. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Girona absolvió a los agentes ya que era imposible determinar quiénes eran los autores de las torturas. Un testigo clave para determinar qué agentes eran responsables de las torturas cambió su versión a última hora. Casualidad.
"En España hay un problema de falta de investigación efectiva de las denuncias de ciudadanos contra agentes de la autoridad por torturas y/o malos tratos. Y cuando se investiga y se logra que se juzgue a los agentes, las condenas previstas por el Código Penal son muy bajas. Y el colmo es que, en estos casos, los diferentes gobiernos han otorgado indultos a los condenados. Esta actitud del Gobierno supone un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado: prevenir y condenar los casos de tortura", explica a Público Patricia Goicoechea, abogada que ejerce de Vicepresidenta de Rights International Spain.
La denuncia de Goicoechea se sustenta en datos. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha condenado a España hasta en ocho ocasiones por no investigar suficientemente denuncias de torturas en las que había indicios más que suficientes para iniciar una investigación. Asimismo, el Constitucional ha amparado hasta once casos de ciudadanos entre 2007 y 2016 que han evidenciado que los juzgados ignoraron sus denuncias a agentes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por malos tratos y/o torturas.
El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada también ha afirmado que en España "la tortura se ha producido de manera clara". "Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho".
La experta (Patricia Goicoechea) de RIS también denuncia que los sucesivos gobiernos españoles han obviado prácticamente todos los consejos llegados desde instituciones internacionales dependientes de Europa o la ONU y que le recomiendan aumentar la prevención para evitar posibles casos de tortura. "Hay una evidente y clara falta de voluntad política por parte de los sucesivos gobiernos para acabar con esta práctica o con esta sospecha", dice Goicoechea, que pone de ejemplo la existencia de lugares sin cámaras en comisarías. "Eso sería bien fácil de aplicar y no se hace", señala.
No obstante, sería un error pensar que las denuncias de torturas se producen única o mayoritariamente en el contexto de la lucha contra el terrorismo. En este sentido, el psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón y asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Pau Pérez, señala que la inmensa mayoría de las denuncias de torturas se producen en el ámbito de la represión de los movimientos sociales y de la inmigración, y que sólo un 10% de las denuncias tiene su origen en la lucha contra el terrorismo de ETA.
Mensaje de impunidad para torturadores
Ante tales circunstancias, una lectura evidente es que estas actitudes de los gobernantes lanzan el mensaje a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de que el maltrato a un detenido y/o la tortura no es algo grave que pueda acabar con su carrera de policía. Ahí están los datos de los 39 indultos concedidos por PP y PSOE a agentes condenados por torturas y el pasado no tan oculto de altos cargos de la Policía (...).
Y por otro lado, también están los datos de la impunidad que acompaña a los policías que golpean a jóvenes en la cabeza después de sacarlos de un bar tras una manifestación o de aquellos en los que hay indicios más que suficientes para creer que han podido faltar a la verdad en sus atestados policiales. "El respeto del policía al ciudadano en España brilla por su ausencia", sentencia Sánchez Fornet.
En estas circunstancias, no es baladí que un reconocido torturador como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, sea protegido por el Estado español impidiendo su extradición a Argentina para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.
Extractos seleccionados de un artículo publicado en el diario Publico.es el 19/4/2017:
La impunidad de la tortura en España. El Partido Popular y el Partido Socialista han indultado a al menos 39 policías, mossos y guardias civiles condenados por torturas desde el año 1991.
Llama la atención, por ejemplo, el caso de José Pérez Navarrete, que fue condenado por torturas en 1987 y 1992 y recibió el indulto del Gobierno socialista de Felipe González en 1993 junto a otros cuatro guardias civiles. Ese mismo año, Pérez Navarrete fue nombrado "asesor para la lucha contra ETA" en la Secretaría de Estado para la Seguridad, que dirigía Rafael Vera, condenado por los GAL.
El Partido Socialista de Felipe González también fue el responsable del doble indulto que recibió José Domínguez Tuda por sendas condenas por torturas. Este agente de la Guardia Civil fue condenado e indultado en 1991 por el ministro socialista José Luis Corcuera. Sin embargo, apenas unos años después, Domínguez Tuda sería nuevamente condenado por torturas y en 1995 recibiría un nuevo indulto del Gobierno socialista, esta vez de manos de Juan Alberto Belloch.
Así, el Gobierno de José María Aznar indultó a cinco policías en 1998, entre los que se encuentra Héctor Moreno García, nuevo jefe de Policía en Cantabria, y José Manuel Ansean, que continúa siendo en la actualidad inspector jefe de la Policía.
Un año después, en 1999, el Ejecutivo conservador concedió el indulto a los guardias civiles José María De las Cuevas Carretero, Miguel Ángel Sánchez Corbí y Antonio Lozano García, también condenados por torturas. El primero de ellos, Cuevas Carretero, fue el elegido por Mariano Rajoy, en su etapa de ministro del Interior, para recibir al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) en su visita a España del año 2001.
El momento con más indultos, no obstante, se vivió en el inicio del año 2001. Aquel año, el Gobierno de Aznar indultó a 14 agentes condenados por torturas. Nos sirve de ejemplo el caso de Pedro Laiz González, cuya sentencia de condena junto a otros dos agentes de policía, considera probado que la persona detenida sufrió golpes en "la espalda, el cuello, los testículos, las piernas y los oídos durante los interrogatorios" y que "al día siguiente, hubo amenazas de castración y más golpes en los testículos". Después de recibir el indulto, continuó ejerciendo su profesión.
Mossos indultados
(…) en 2012, sería el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que indultó a los agentes Manuel Farré Muñoz, Joan Salva Páez, Jordi Perisse Blanco, Fernando Cea López y Alejandro García Avilés, que fueron condenados cuando, sin identificarse como policías, propinaron una paliza, amenazaron de muerte y e insultaron a Lucian Paduraru, albañil de profesión, a quien confundieron con el autor de un robo violento en un piso. En el traslado a comisaría, los agentes le introdujeron una pistola en la boca y volvieron a amenazarle. En el momento del arresto iba acompañado de su mujer, que estaba embarazada y también recibió un trato degradante.
Extractos seleccionados de un artículo publicado en la web española de Amnistía Internacional el 30/1/2015:
Juristas, investigadores y miembros de organizaciones de derechos humanos coincidieron en señalar la importancia de los mecanismos de prevención para evitar que la tortura y los malos tratos sigan siendo delitos que en España se producen "no de forma sistemática, pero sí generalizada".
“Hay estados a los que hay que reiterarles las recomendaciones para prevenir la tortura y ese es el caso de España”, apuntó Celso Manata, representante del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPTE).
“¿Por qué España no cumple los estándares internacionales de investigación de la tortura y malos tratos?”, se preguntó el fiscal del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, en el acto organizado por seis organizaciones, con motivo del 30º aniversario de la firma de la Convención contra la tortura por parte de las Naciones Unidas.
A pesar de que España ratificó este tratado internacional en 1987, varias de las intervenciones señalaron que España "incumple claramente la normativa internacional" en esta materia. Como ejemplo, las entidades organizadoras destacaron que en la actual reforma del Código Penal sigue sin abordarse la correcta tipificación del delito de tortura de forma acorde con el derecho internacional y las penas están muy lejos de corresponderse con la gravedad de este tipo de acciones, a pesar de las reiteradas recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos como el Comité contra la Tortura.
Torturas impunes
Casos recientes demuestran hasta qué punto los delitos de tortura y malos tratos no se investigan de forma adecuada en España. "El mecanismo que investiga la tortura debe ser diferente al de los presuntos perpetradores", reclamó Daniel Joloy, investigador de Amnistía Internacional.
Además, dicha reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no introduce medidas para evitar el riesgo de tortura. Según estas organizaciones, es la falta de voluntad política para aclarar estos casos lo que permite que se sigan produciendo de forma frecuente y no se tomen medidas básicas para prevenirlo. Ni siquiera existe un registro que permita saber el número de denuncias que se realizan en España por este delito.
"A veces las recomendaciones sobre tortura se quedan en burocracia vacía. Debe existir un registro de alegaciones de torturas y malos tratos para tener una visión global, y para hacer seguimiento a casos individuales", afirmó Hans Draminsky, miembro del subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas.
“Torturas, el crimen mejor escondido”, reportaje del programa 360º de la televisión autonómica vasca EiTB2 sobre torturas desde el final de la dictadura hasta la actualidad, en el que entre otras cosas se relata la complicidad de muchos forenses para ocultar torturas, las trabas que se les ponen a los que quieren realizar sus evaluaciones de forma objetiva y profesional, y cómo se protege y premia a los torturadores por parte del Estado. José Manuel Sánchez Fornet, exsecretario del Sindicato Unificado de Policía, compara —en el minuto 50:10— a los torturadores con terroristas diciendo: “en mi opinión están (los torturadores) en un estado muy cercano a los terroristas: los unos matan y los otros casi matan en vida”.
Artículo 1
1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante.
Artículo 2
Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Artículo 3
Ningún Estado permitirá o tolerará tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 4
Todo Estado tomará, de conformidad con las disposiciones de la presente Declaración, medidas efectivas para impedir que se practiquen dentro de su jurisdicción torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 7
Todo Estado asegurará que todos los actos de tortura definidos en el artículo 1 constituyen delitos conforme a la legislación penal. Lo mismo se aplicará a los actos que constituyen participación, complicidad, incitación o tentativa de cometer tortura.
Extractos seleccionados de un artículo publicado en el diario Publico.es el 24/4/2017:
José Manuel Sánchez Fornet, histórico líder del Sindicato Unificado de Policía, del que ya no forma parte. "Esto es lo habitual en la Policía desde al menos 1980, que es cuando yo entré. Los ascensos a agentes que han vulnerado los derechos civiles de los ciudadanos forman parte de la cotidianidad. El problema es que prácticamente nadie les ha prestado atención hasta ahora"
"La democracia y la dictadura han sido lo mismo en este sentido. Ser un torturador y estar condenado no afecta a la carrera de un policía”.
El coordinador de la Agrupación Reformista de Policías, Luis Miguel L. Moreno reivindica un cambio total en el modelo policial en el que la protección de los derechos de los ciudadanos se muestre en el centro de su actividad.
Los datos, desde luego, son preocupantes. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, plataforma integrada por 46 organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos, ha contabilizado hasta 7.500 casos de personas que han denunciado ser objeto de torturas, trato inhumano o degradante por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Amnistía Internacional también ha denunciado reiteradamente que la práctica de la tortura policial no es "sistemática", pero que tampoco se trata de casos aislados. Así, el informe Sal en la herida, de Amnistía Internacional, denunció un buen número de casos en los que ciudadanos habían sufrido abusos policiales, malos tratos y/o torturas sin ningún tipo de consecuencia para las carreras profesionales de sus abusadores.
Un ejemplo de estos casos es el que sufrió el ciudadano Driss Zraidi, que estuvo detenido y fue torturado en la comisaría de los Mossos de Roses. Los agentes le fracturaron varias costillas durante el interrogatorio. Tras presentar una denuncia, diez de los agentes fueron encausados y acusados de tortura y lesiones, y otros cuatro por torturas por omisión. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Girona absolvió a los agentes ya que era imposible determinar quiénes eran los autores de las torturas. Un testigo clave para determinar qué agentes eran responsables de las torturas cambió su versión a última hora. Casualidad.
"En España hay un problema de falta de investigación efectiva de las denuncias de ciudadanos contra agentes de la autoridad por torturas y/o malos tratos. Y cuando se investiga y se logra que se juzgue a los agentes, las condenas previstas por el Código Penal son muy bajas. Y el colmo es que, en estos casos, los diferentes gobiernos han otorgado indultos a los condenados. Esta actitud del Gobierno supone un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado: prevenir y condenar los casos de tortura", explica a Público Patricia Goicoechea, abogada que ejerce de Vicepresidenta de Rights International Spain.
La denuncia de Goicoechea se sustenta en datos. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha condenado a España hasta en ocho ocasiones por no investigar suficientemente denuncias de torturas en las que había indicios más que suficientes para iniciar una investigación. Asimismo, el Constitucional ha amparado hasta once casos de ciudadanos entre 2007 y 2016 que han evidenciado que los juzgados ignoraron sus denuncias a agentes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por malos tratos y/o torturas.
El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada también ha afirmado que en España "la tortura se ha producido de manera clara". "Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho".
La experta (Patricia Goicoechea) de RIS también denuncia que los sucesivos gobiernos españoles han obviado prácticamente todos los consejos llegados desde instituciones internacionales dependientes de Europa o la ONU y que le recomiendan aumentar la prevención para evitar posibles casos de tortura. "Hay una evidente y clara falta de voluntad política por parte de los sucesivos gobiernos para acabar con esta práctica o con esta sospecha", dice Goicoechea, que pone de ejemplo la existencia de lugares sin cámaras en comisarías. "Eso sería bien fácil de aplicar y no se hace", señala.
No obstante, sería un error pensar que las denuncias de torturas se producen única o mayoritariamente en el contexto de la lucha contra el terrorismo. En este sentido, el psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón y asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Pau Pérez, señala que la inmensa mayoría de las denuncias de torturas se producen en el ámbito de la represión de los movimientos sociales y de la inmigración, y que sólo un 10% de las denuncias tiene su origen en la lucha contra el terrorismo de ETA.
Mensaje de impunidad para torturadores
Ante tales circunstancias, una lectura evidente es que estas actitudes de los gobernantes lanzan el mensaje a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de que el maltrato a un detenido y/o la tortura no es algo grave que pueda acabar con su carrera de policía. Ahí están los datos de los 39 indultos concedidos por PP y PSOE a agentes condenados por torturas y el pasado no tan oculto de altos cargos de la Policía (...).
Y por otro lado, también están los datos de la impunidad que acompaña a los policías que golpean a jóvenes en la cabeza después de sacarlos de un bar tras una manifestación o de aquellos en los que hay indicios más que suficientes para creer que han podido faltar a la verdad en sus atestados policiales. "El respeto del policía al ciudadano en España brilla por su ausencia", sentencia Sánchez Fornet.
En estas circunstancias, no es baladí que un reconocido torturador como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, sea protegido por el Estado español impidiendo su extradición a Argentina para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.
Extractos seleccionados de un artículo publicado en el diario Publico.es el 19/4/2017:
La impunidad de la tortura en España. El Partido Popular y el Partido Socialista han indultado a al menos 39 policías, mossos y guardias civiles condenados por torturas desde el año 1991.
Llama la atención, por ejemplo, el caso de José Pérez Navarrete, que fue condenado por torturas en 1987 y 1992 y recibió el indulto del Gobierno socialista de Felipe González en 1993 junto a otros cuatro guardias civiles. Ese mismo año, Pérez Navarrete fue nombrado "asesor para la lucha contra ETA" en la Secretaría de Estado para la Seguridad, que dirigía Rafael Vera, condenado por los GAL.
El Partido Socialista de Felipe González también fue el responsable del doble indulto que recibió José Domínguez Tuda por sendas condenas por torturas. Este agente de la Guardia Civil fue condenado e indultado en 1991 por el ministro socialista José Luis Corcuera. Sin embargo, apenas unos años después, Domínguez Tuda sería nuevamente condenado por torturas y en 1995 recibiría un nuevo indulto del Gobierno socialista, esta vez de manos de Juan Alberto Belloch.
Así, el Gobierno de José María Aznar indultó a cinco policías en 1998, entre los que se encuentra Héctor Moreno García, nuevo jefe de Policía en Cantabria, y José Manuel Ansean, que continúa siendo en la actualidad inspector jefe de la Policía.
Un año después, en 1999, el Ejecutivo conservador concedió el indulto a los guardias civiles José María De las Cuevas Carretero, Miguel Ángel Sánchez Corbí y Antonio Lozano García, también condenados por torturas. El primero de ellos, Cuevas Carretero, fue el elegido por Mariano Rajoy, en su etapa de ministro del Interior, para recibir al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) en su visita a España del año 2001.
El momento con más indultos, no obstante, se vivió en el inicio del año 2001. Aquel año, el Gobierno de Aznar indultó a 14 agentes condenados por torturas. Nos sirve de ejemplo el caso de Pedro Laiz González, cuya sentencia de condena junto a otros dos agentes de policía, considera probado que la persona detenida sufrió golpes en "la espalda, el cuello, los testículos, las piernas y los oídos durante los interrogatorios" y que "al día siguiente, hubo amenazas de castración y más golpes en los testículos". Después de recibir el indulto, continuó ejerciendo su profesión.
Mossos indultados
(…) en 2012, sería el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que indultó a los agentes Manuel Farré Muñoz, Joan Salva Páez, Jordi Perisse Blanco, Fernando Cea López y Alejandro García Avilés, que fueron condenados cuando, sin identificarse como policías, propinaron una paliza, amenazaron de muerte y e insultaron a Lucian Paduraru, albañil de profesión, a quien confundieron con el autor de un robo violento en un piso. En el traslado a comisaría, los agentes le introdujeron una pistola en la boca y volvieron a amenazarle. En el momento del arresto iba acompañado de su mujer, que estaba embarazada y también recibió un trato degradante.
Extractos seleccionados de un artículo publicado en la web española de Amnistía Internacional el 30/1/2015:
Juristas, investigadores y miembros de organizaciones de derechos humanos coincidieron en señalar la importancia de los mecanismos de prevención para evitar que la tortura y los malos tratos sigan siendo delitos que en España se producen "no de forma sistemática, pero sí generalizada".
“Hay estados a los que hay que reiterarles las recomendaciones para prevenir la tortura y ese es el caso de España”, apuntó Celso Manata, representante del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPTE).
“¿Por qué España no cumple los estándares internacionales de investigación de la tortura y malos tratos?”, se preguntó el fiscal del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, en el acto organizado por seis organizaciones, con motivo del 30º aniversario de la firma de la Convención contra la tortura por parte de las Naciones Unidas.
A pesar de que España ratificó este tratado internacional en 1987, varias de las intervenciones señalaron que España "incumple claramente la normativa internacional" en esta materia. Como ejemplo, las entidades organizadoras destacaron que en la actual reforma del Código Penal sigue sin abordarse la correcta tipificación del delito de tortura de forma acorde con el derecho internacional y las penas están muy lejos de corresponderse con la gravedad de este tipo de acciones, a pesar de las reiteradas recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos como el Comité contra la Tortura.
Torturas impunes
Casos recientes demuestran hasta qué punto los delitos de tortura y malos tratos no se investigan de forma adecuada en España. "El mecanismo que investiga la tortura debe ser diferente al de los presuntos perpetradores", reclamó Daniel Joloy, investigador de Amnistía Internacional.
Además, dicha reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no introduce medidas para evitar el riesgo de tortura. Según estas organizaciones, es la falta de voluntad política para aclarar estos casos lo que permite que se sigan produciendo de forma frecuente y no se tomen medidas básicas para prevenirlo. Ni siquiera existe un registro que permita saber el número de denuncias que se realizan en España por este delito.
"A veces las recomendaciones sobre tortura se quedan en burocracia vacía. Debe existir un registro de alegaciones de torturas y malos tratos para tener una visión global, y para hacer seguimiento a casos individuales", afirmó Hans Draminsky, miembro del subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas.
“Torturas, el crimen mejor escondido”, reportaje del programa 360º de la televisión autonómica vasca EiTB2 sobre torturas desde el final de la dictadura hasta la actualidad, en el que entre otras cosas se relata la complicidad de muchos forenses para ocultar torturas, las trabas que se les ponen a los que quieren realizar sus evaluaciones de forma objetiva y profesional, y cómo se protege y premia a los torturadores por parte del Estado. José Manuel Sánchez Fornet, exsecretario del Sindicato Unificado de Policía, compara —en el minuto 50:10— a los torturadores con terroristas diciendo: “en mi opinión están (los torturadores) en un estado muy cercano a los terroristas: los unos matan y los otros casi matan en vida”.
"Impunes y condecorados", otro reportaje del programa 360º en el que se aborda la impunidad de la tortura en cuerpos policiales, con muchos condenados por tortura que mantienen condecoraciones pensionadas vitalicias para las que se exige "una conducta ejemplar y extraordinaria" y/o han sido indultados.
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/declarationtorture.aspx
https://www.publico.es/sociedad/espana-tierra-impunidad-torturadores.html
https://www.publico.es/politica/pp-psoe-indultaron-39-policias.html
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/espana-incumple-las-recomendaciones-internacionales-en-materia-de-prevencion-y-sancion-de-la-tort/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/ocho-condenas-del-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-evidencian-que-la-investigacion-de-torturas/
https://www.eldiario.es/sociedad/expediente-Billy-Nino-represion-estudiantes_0_847615577.html
https://www.eitb.tv/es/video/360a/5937/146340/torturas-el-crimen-mejor-escondido/
https://www.eitb.tv/es/video/360/5937/146341/impunes-y-condecorados/
